Miscelánea de Evaluación Ambiental.

Por: Octavio Klimek Alcaraz.

En las últimas semanas se conoce información sobre los problemas de inundaciones que tienen nuestras ciudades. Un asunto complejo, pero lo analizaré desde la vertiente de la evaluación de impacto ambiental, el mecanismo legal por excelencia para “prevenir los daños ambientales potenciales” de una obra o actividad. La evaluación de impacto ambiental se ha convertido cada día, en un instrumento desprestigiado de política ambiental, pues se ha abusado para justificar a como de lugar obras o actividades que causas serios deterioros al medio ambiente. Esto, ante la carencia de otros instrumentos complementarios de política ambiental, como es el ordenamiento ecológico del territorio. Es nuestra “vedette” de la gestión ambiental en México.

En la evaluación de impacto ambiental se observa la impunidad de las corruptelas de la ineficiencia profesional, el tráfico de influencias, en fin la delincuencia organizada de cuello blanco se revela en todo su cinismo. De antemano, me atrevo a pronosticar que en Guerrero nadie de los principales responsables va a ser sujeto a algún tipo de procedimiento. Esto porque sencillamente no va a existir una investigación seria y a fondo de las causas, de lo que pasa, son demasiados intereses económicos y complicidades. Cualquiera de las autoridades responsables de investigar van a dejar la solución del problema al tiempo, apostando a que la opinión publica pase vuelta a la página, que para entonces estará enfocada en la siguiente calamidad, recurrentes en nuestro pobre Estado. La conseja es la de siempre, se privatizan las ganancias y se sociabilizan las perdidas.

En el caso de Acapulco y sus inundaciones recientes, se pueden señalar tres grupos de actores responsables. Los tres grupos, seguramente tienen distintos grados de responsabilidad dependiendo del caso específico del asentamiento humano promovido.

Uno es el de los llamados “desarrolladores”, que tienen una premisa muy simple hacer negocios con la mayor rentabilidad posible, y que en el argot ambiental también se les conoce como los promoventes. Ellos son los que más recursos invierten y por tanto son correspondidos con las mayores ganancias. Luego están los llamados consultores, aquellos que planchan todo para obtener los permisos correspondientes, y que a través de un pago correspondiente son empleados por el promovente. En materia ambiental son quienes realizan los estudios de impacto ambiental a modo de que pase el asentamiento propuesto, es un mero trámite para la mayoría de ellos. Luego cierran el triangulo los evaluadores de las oficinas publicas. Quienes firman las autorizaciones, los evaluadores que están presentes en los tres ordenes de gobierno, peleando su parte de competencias, y sospecho por su bajo nivel de salarios y opacidad en sus controles y procedimientos de evaluación en la tentación permanente de coludirse con los otros dos grupos de actores

Quisiera aclarar, que la movilidad de todos estos personajes, hace que de repente aparezcan como desarrolladores, consultores o funcionarios de gobierno. En todo caso existen niveles de asociación entre ellos. Entonces no es un triangulo como lo dije antes sino un circulo perverso. En donde se extiende a todos la misma premisa de hacer negocios con la mayor rentabilidad posible. Nada de conflictos éticos, de responsabilidad social o servir a la sociedad.

Vamos a imaginar un poco lo que esta pasando, pues no tenemos mayores elementos de información, que la imaginación, así que ustedes disculpen si no tengo nombres concretos, finalmente no soy investigador policiaco.

Desde las épocas del origen del desarrollo de Punta Diamante se lucro con los trámites y estudios de impacto ambiental. En el gobierno del estado se autorizaron estudios de impacto ambiental a través de una Dirección de Ecología, que operaba en Acapulco, y que dependía de la Secretaria de Desarrollo Urbano Estatal, es decir la citada dirección carecía de autonomía y se encontraba en un craso conflicto de interés sobre el tema.

El gobierno federal intervino a través de la Profepa, para parar los desarrollos de Punta Diamante porque no contaban con la autorización federal al ser desarrollos inmobiliarios que afectan ecosistemas costeros. Esto según recuerdo fue en la época del Gobernador Ruben Figueroa Alcocer. Un verdadero desastre y todo un escándalo mediático nacional, finalmente se regularizaron los desarrollos, y se olvido para variar el asunto.

Se propuso hacer el ordenamiento ecológico del territorio para el municipio de Acapulco en 1995. La idea era parar de una vez por toda la discrecionalidad absoluta que se propiciaba con los estudios individuales de impacto ambiental en el desarrollo de Punta Diamante, fueran de competencia federal o estatal. Se trataba de definir con el mayor detalle posible la vocación productiva y ecológica del área, que se podía construir y que no. Así se daría certidumbre real a la inversión privada con el menor daño al medio ambiente. Pero centralistamente, la Semarnap a través del entonces director del Instituto Nacional de Ecología decidió que algunos de los investigadores de la UNAM lo realizaran. Por cierto, creo que estos mismos investigadores vuelven a aparecer en el caso del fallido estudio de impacto ambiental de la presa hidroeléctrica La Parota. Algo pasó a nivel central, que nunca concluyeron el ordenamiento estos investigadores. Es muy probable que el compromiso de su pago no haya sido el convenido.

De ahí en adelante, en diversos momentos se insistió a quien tiene una de las principales responsabilidades en el asunto, que es el gobierno municipal de Acapulco para que lo sacara adelante, sin resultado exitoso. Eso si, cuando el Plan Director de Desarrollo Urbano es inadecuado a la inversión del desarrollador han pagado y lo han modificado sin ningún rubor en solemnes sesiones de cabildo. El resultado es una depreciación de Punta Diamante y un lugar horrible para vivir ya en el presente y en el futuro próximo. Mi sospecha, es que después de 12 años de inicio del ordenamiento territorial de Acapulco los intereses son tan fuertes, que nadie quiere en realidad el ordenamiento ecológico, pues eso metería orden y las ganancias económicas se dan con el desorden. Hasta que acaben de matar la gallina de los huevos de oro.

Más aun, en buena parte de los sitos de gobierno o en las consultorias hay equipos con serias deficiencias para la toma de decisiones. Ni siquiera intentan ser mutidisciplinarios para resolver sus carencias. Son gremialistas, desde los llamados ecólogos marinos, ingenieros civiles, o arquitectos, por citar tres de los grupos de profesionales más visibles en el ambienta Acapulqueño. Compiten entre si por el asunto del impacto ambiental, así tenemos que hay gente que no es urbanista haciendo urbanismo, tomando decisiones de ingeniería hidráulica o ambiental sin saber de esas ramas de la ingeniería; realizando estudios de impactos ambientales sobre un mismo formato de documento, con base en información de gabinete y sin un muestreo en campo realmente representativo.

El resultado de todo este cóctel de insuficiencias son inundaciones en áreas habitadas. Es trágico, el engaño que se hace a la gente que se le vende casa en áreas frágiles o de riesgo, pues compran normalmente sin saber que muy probablemente esta sobre un área inundable o de humedal. Más allá de su mal gusto, pues de verdad que muchos de los sitios son arquitectónicamente horribles. No solo los desarrollos habitacionales, sino también los de condominios, enormes torres de concreto en zona sísmica, para darle la mayor ganancia posible al inversionista.

Mucho de esto con transparencia, procedimientos adecuados se puede corregir. El asunto es que se necesitan buenos líderes profesionales para dirigir estos temas. Esto no se puede dejar a la improvisación, al utilitarismo o supuestas lealtades al gobernante en turno, que además acabe verificando a sus subordinados responsables por que en el fondo no les tiene confianza, pues no sabe verdaderamente si están haciendo las cosas bien. Haciéndose implícitamente cómplice de sus ineficiencias y corruptelas, en lugar de aplicar la ley a secas.

P.D. Como van las cosas con el gasolinazo de la reformita fiscal, el 12.5% de los recurso para los estados es para programas para la protección y conservación ambiental. Tengo el fundado temor de que muchos estados no están preparados para aplicar esos recursos extraordinarios de una manera correcta.

oklimek@hotmail.com